La Iglesia, la dignidad humana y las personas migrantes: una mirada profética de los derechos humanos – Una perspectiva desde la frontera de Estados Unidos con México

Jesús de la Torre

Director asociado para migración global,

Hope Border Institute

El presente artículo recoge la intervención de Jesús de la Torre, director asociado para Migración Global del Hope Border Institute, durante la primera videoconferencia titulada «La Iglesia, la dignidad humana y las personas migrantes: una mirada profética de los derechos humanos», realizada el 26 de junio de 2026. Esta actividad forma parte del ciclo de videoconferencias «La movilidad humana y los derechos humanos: una mirada desde la esperanza», organizado por OSMECA, Hope Border Institute y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede.

En su exposición, el autor retoma y profundiza algunos elementos de la ponencia de Mons. Daniel Blanco Méndez, cuyo texto completo puede consultarse en el siguiente enlace: .https://docs.google.com/document/d/1d5Sde41KMZt8HMiCIGXKg36_2HHLjzg_/edit?usp=share_link&ouid=109510377572369474136&rtpof=true&sd=true

Desde la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos, Jesús de la Torre analiza las consecuencias humanas de las políticas de detención y deportación masivas, así como sus repercusiones en todo el continente. Frente a esta crisis, plantea la necesidad de una respuesta profética y coordinada de la Iglesia, que conjugue el acompañamiento pastoral, la defensa de los derechos humanos y la incidencia pública, colocando siempre en el centro la dignidad de las personas migrantes.

Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, padre Meneses. Un saludo cordial a Monseñor Daniel Blanco y un agradecimiento por sus palabras, y a Magaly Zúñiga y Abelardo Morales, en su representación, y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Un saludo especial para todo el pueblo de Venezuela, incluidos aquellos en la diáspora. Soy Jesús de la Torre y, junto a nuestro equipo del Hope Border Institute, he tenido el honor de trabajar durante años con comunidades en Centroamérica, México y en la frontera de Estados Unidos y México, donde estamos basados, construyendo solidaridad a través de las fronteras.

Las palabras de Monseñor Blanco hoy resuenan con fuerza en nuestra frontera y en todo Estados Unidos. Por primera vez en su historia reciente, el país enfrenta una campaña sin precedentes de detenciones y deportaciones masivas, restricciones fronterizas al asilo y el cierre de vías legales migratorias.

Esta es una campaña sin precedentes por su magnitud, escala e impactos.

En primer lugar, por su magnitud, debido a los más de 240 mil millones de dólares que el Congreso ha destinado al control migratorio, la detención y las deportaciones. Para que se hagan una idea, esta cifra equivale a la suma de los PIB de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Es también una campaña sin precedentes por su escala, con una expansión de las operaciones de control migratorio, nuevos centros de detención migratoria con capacidad para miles de personas, la reapertura de centros de detención de familias y el aumento del número de deportaciones, incluidas a países de los que las personas no son nacionales.

Y es una campaña sin precedentes por sus impactos. 47 personas han muerto en la detención migratoria desde comienzos de 2025, una cifra récord desde que se tienen registros. Siete de cada diez personas detenidas no tienen ninguna sentencia penal y, de quienes sí tienen, suelen ser por faltas menores. Los arrestos se producen cada vez más por perfilamiento racial, como nos han relatado las personas deportadas por nuestra frontera a las que acompañamos, y más de 6,200 niños, niñas y adolescentes, algunos de ellos bebés, han sido detenidos durante la campaña, algunos de ellos siendo separados de sus padres tras ser estos deportados. En algunos centros de detención, el acceso a acompañamiento pastoral es limitado. Casi un millón de personas temen, además, perder su estatus legal y la capacidad de seguir trabajando, en lo que podría ser la mayor campaña de deslegalización de la historia de Estados Unidos. Ello afectaría profundamente a las economías locales y a nuestras parroquias.

La separación familiar, la pérdida de vidas sin precedentes y el terror e incertidumbre infundidos en familias y comunidades enteras evidencian una grave crisis de derechos humanos. Una crisis que no afecta sólo a las personas en movilidad, sino a toda la sociedad estadounidense, que vive bajo una creciente vigilancia y un miedo sin importar su estatus migratorio.

Y sabemos bien que las consecuencias de esta campaña no acaban en la frontera de Estados Unidos con México. Más bien, reverberan en todo el continente y en el mundo, ya sea de manera directa, mediante un aumento de deportaciones aceleradas y acuerdos de cooperación, o de manera indirecta, legitimando abusos contra los derechos humanos de las personas en movilidad en cada uno de estos países.

Pero déjenme subrayar algo que mencionó Monseñor: este es un modelo agotado y abocado al fracaso. Un modelo que ofrece muros, división, violencia y erosión de valores fundamentales como el debido proceso y el respeto a la dignidad de las personas no responde a las necesidades de nuestro tiempo, un tiempo en el que las personas buscan contribuir a sus comunidades, educarse, trabajar e innovar. Es un modelo que nos condena a estar más aislados, más débiles y cerrados a cambios que, durante décadas, han mantenido viva nuestra fe y han permitido algunas de las transformaciones sociales y tecnológicas más importantes en muchos de nuestros países.

Y la sociedad estadounidense, incluidos los católicos, se está dando cuenta. La aprobación de las políticas migratorias en curso cayó entre los católicos en 10 puntos porcentuales de febrero de 2025 a febrero de 2026. La mayoría de los estadounidenses (52%) cree que las políticas de deportaciones masivas van demasiado lejos, según el Pew Research Center. Y cuando se les da la opción, la mayor parte de los estadounidenses, incluidos los católicos y votantes de todos los partidos –subrayo, de todos los partidos–, prefieren una reforma migratoria, con controles adecuados y un camino a la ciudadanía para las personas que han vivido en el país durante años.

Las personas quieren políticas que sean humanas, que respeten la dignidad de las personas y que ayuden a las comunidades a prosperar, tanto en los países de origen como de tránsito y destino.

Como ha recordado Monseñor Blanco, la Iglesia hoy está llamada a ser una voz profética de un nuevo modelo que garantice los derechos humanos de las personas en movilidad en un diálogo amplio con sociedad civil y personas afectadas, empresariado, líderes sindicales, otras confesiones religiosas y, por supuesto, tomadores de decisión.

Y está llamada a ello por el motivo que el Papa León XIV expresaba en Magnifica Humanitas: porque está cercana a la realidad de quienes son violentados y ve directamente las consecuencias que conlleva la falta de acción. Para hablar de derechos humanos, no tenemos por qué conocer todos los tratados o herramientas a nuestra disposición, sino mirar el rostro concreto de las personas que acompañamos y trabajar juntos por la justicia.

En Estados Unidos y en la frontera con México, nos estamos movilizando cada vez con más ahínco para acompañar a las personas migrantes en detención, dar atención a las familias separadas y varadas y promover políticas que persigan el bien común. Desde obispos, sacerdotes, religiosas y comunidades parroquiales, cada vez más personas se están uniendo a una respuesta pública y profética. La solidaridad de las conferencias episcopales de Latinoamérica con la Iglesia de Estados Unidos y los connacionales afectados también ha sido muy importante.

Ahora nos toca ir un paso más allá, como subrayaba Monseñor Blanco: coordinar nuestras respuestas pastorales para dar atención a las personas que buscan no migrar, que migran forzosamente o que regresan a comunidades que no conocen; unificar nuestras voces públicamente y asumiendo que tenemos un rol en el cuidado de la comunidad política, tomando la incidencia como una parte integral de nuestros ministerios y no como un elemento que unas pocas organizaciones o departamentos realicen; y tendiendo puentes que promuevan una reforma de nuestros sistemas migratorios encaminadas a la protección y promoción de los derechos humanos.

Diálogos como el de hoy son el inicio, y esperamos que cada uno de ustedes lleve el mensaje a sus comunidades para continuar juntos la conversación y avanzar hacia una nueva respuesta en defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, que son los derechos de todos. Gracias.