El llamado de la Iglesia católica a la defensa de la dignidad de las personas migrantes

Cardenal Fabio Baggio

Protoprefecto

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

El presente artículo recoge la intervención del Cardenal Mons. Fabio Baggio, Proto-prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, durante la segunda videoconferencia titulada «El llamado de la Iglesia Católica a la defensa de la dignidad de las personas migrantes», realizada el 16 de julio de 2026. Esta actividad forma parte del ciclo de videoconferencias «La movilidad humana y los derechos humanos: una mirada desde la esperanza», organizado por OSMECA, Hope Border Institute y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede.

La intervención presenta la dignidad humana como fundamento de los derechos de toda persona, independientemente de su nacionalidad, condición económica o situación migratoria. Desde la perspectiva cristiana, estos derechos preceden a su reconocimiento jurídico y exigen un compromiso efectivo de la Iglesia en su promoción y defensa. El cardenal Baggio subraya la centralidad de la persona y la responsabilidad de las sociedades de garantizar el ejercicio de sus derechos, con especial atención a migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata. A la luz de la protección bíblica de las viudas, los huérfanos y los extranjeros, llama a acompañar a quienes encuentran obstáculos para acceder a la justicia.

Saludo cordialmente a todas las personas que participan en este webinario. El tema que hoy nos convoca es de gran importancia para la reflexión y la acción pastoral de la Iglesia.

Esta reflexión concierne a quienes acompañan a las personas migrantes y promueven iniciativas en su favor en distintas partes del mundo. Aunque nuestra atención se centre en una región concreta, debemos mantener una perspectiva global: millones de migrantes, refugiados y desplazados reclaman el reconocimiento efectivo de sus derechos. Quisiera comenzar situando nuestra reflexión en ese horizonte universal.

En nuestra época, marcada por conflictos generalizados y nuevas formas de interdependencia global, resulta especialmente significativo reconocer los derechos humanos como un lenguaje común. Una paz duradera requiere instituciones y relaciones entre los pueblos inspiradas en la dignidad de cada persona. Aquí aparecen dos palabras clave: derechos y dignidad. Ambas son inseparables en la reflexión antropológica y filosófica, y también en la acción pastoral de la Iglesia con las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata.

Lamentablemente, en el mundo actual se tiende a condicionar el reconocimiento de los derechos a la procedencia de las personas o al lugar donde se encuentran. En ocasiones, se vincula su dignidad a una nacionalidad determinada, a la posesión de un pasaporte o a la disponibilidad de un visado. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias constituye el fundamento de la dignidad humana ni de los derechos que derivan de ella.

El reconocimiento de los derechos fundamentales es fruto de un largo proceso de reflexión de los pueblos y las civilizaciones, que encontró una expresión decisiva en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta Declaración no otorga derechos a las personas: reconoce los derechos que ya les corresponden. Uno de los principales problemas que enfrentamos es la pretensión de que una persona o una autoridad pueda concederlos o retirarlos a su voluntad.

Desde la perspectiva cristiana, los derechos fundamentales tienen su fundamento en la dignidad que Dios confiere a todo ser humano. Por ello, ninguna persona ni autoridad puede otorgarlos o suprimirlos como si fueran una concesión. Puede reconocerlos y protegerlos, o desconocerlos y vulnerarlos. En determinadas circunstancias, como las derivadas de la comisión de un delito, puede limitarse el ejercicio de algunos derechos; esto no significa que la persona deje de ser titular de ellos.

La privación de libertad permite comprender esta distinción: la prisión limita la movilidad de una persona, pero no elimina su dignidad ni la despoja de sus derechos fundamentales. Esta misma convicción debe orientar nuestra mirada ante las diferencias de capacidades, edad, condición económica, nacionalidad o situación migratoria. La posesión de un pasaporte o de un visado no determina el valor de una persona ni su titularidad de derechos.

La reflexión de Magnifica Humanitas insiste en esta convicción: el valor de la persona no depende de lo que realiza o produce. Hay derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas, y ningún poder humano puede legítimamente negarlos ni limitar arbitrariamente su ejercicio.

El magisterio de la Iglesia reconoce con gratitud los esfuerzos encaminados a identificar y proclamar los derechos humanos, pues constituyen una respuesta fundamental a las exigencias de la dignidad de cada persona. La Iglesia acoge estos avances de la comunidad internacional y los considera también desde una perspectiva moral. A lo largo del tiempo, este camino se ha expresado en diversos compromisos y objetivos comunes.

Entre ellos se encuentran los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Estos compromisos remiten a un horizonte en el que los derechos deben ser reconocidos y ejercidos por todas las personas. El gran desafío consiste en hacer efectivo ese reconocimiento: no basta con proclamar la universalidad de los derechos si persisten condiciones que impiden a muchas personas ejercerlos en igualdad de dignidad.

La Iglesia reconoce y acompaña este proceso. Desde la perspectiva cristiana, los derechos humanos no son un añadido externo a la persona, sino una expresión histórica de su dignidad intrínseca. Por eso, la comunidad internacional está llamada a protegerlos y promoverlos.

Esta perspectiva permite comprender que la dignidad y los derechos de cada ser humano preceden a su reconocimiento jurídico. Incluso antes de la existencia de una ley o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cada persona poseía una dignidad de la que derivan derechos universales. Su fundamento no depende exclusivamente de una decisión legislativa ni de una instancia internacional. Para la Iglesia, se arraiga en la creación y en la comprensión teológica de la persona humana.

Por esta razón, la Iglesia tiene una responsabilidad moral ineludible en la defensa de los derechos humanos. Su compromiso nace también de la Sagrada Escritura, de la revelación y de la fe que profesa. Cada ser humano, hombre o mujer, posee una identidad única e irrepetible porque ha sido querido por Dios. Con sus cualidades y limitaciones, cada persona es titular de derechos que deben ser reconocidos y respetados.

Estos derechos abarcan las distintas dimensiones de la vida personal, familiar y social. Reconocerlos exige promoverlos, ofrecer apoyo para su ejercicio y garantizar su defensa cuando son vulnerados. En este horizonte, Magnifica Humanitas ofrece elementos que se relacionan directamente con el centro de nuestra reflexión.

El primero es la centralidad de la persona humana. Al considerar la creación, la historia y el momento que vivimos, no podemos desplazar a la persona del centro de nuestras decisiones. La familia humana, en relación con las demás criaturas, debe orientar las opciones que se toman en los ámbitos social, económico y civil, así como las decisiones que afectan a la paz y a la convivencia entre los pueblos.

El segundo elemento es el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de cada persona. Su carácter único e irrepetible exige que sea valorada por sí misma y que sus derechos sean respetados en todas las circunstancias.

Toda persona ocupa un lugar singular en el mundo, con independencia de sus cualidades o limitaciones, de la situación en que se encuentre, de su pasaporte, nacionalidad, color de piel, lengua o cultura. Nuestra responsabilidad consiste en reconocer y defender sus derechos, precisamente porque brotan de su dignidad.

El tercer elemento es el criterio con el que evaluamos el desarrollo de una civilización. Su grandeza se manifiesta en el reconocimiento efectivo de los derechos de sus integrantes y de las demás personas del mundo. La negación de esos derechos representa, por tanto, un retroceso en la construcción de una sociedad verdaderamente humana.

Esta reflexión subraya también la atención especial que merecen quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad: las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata, las personas con discapacidad y quienes afrontan dificultades que obstaculizan el ejercicio de sus derechos. Esa atención responde a una exigencia concreta: ofrecer el apoyo necesario para que puedan ejercerlos efectivamente. La acción de la Iglesia se dirige a todas las personas, con especial solicitud por quienes encuentran mayores obstáculos. Esta prioridad no se limita a la pobreza económica; comprende las diversas formas de exclusión y desprotección. Para concluir, quisiera recordar que la Biblia destaca a tres grupos como destinatarios de la especial protección de Dios.

Se trata de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Su presencia reiterada en la Sagrada Escritura expresa la solicitud de Dios por quienes se encontraban en condiciones de desprotección y tenían mayores dificultades para acceder a la justicia. Dios se presenta como su defensor y llama a su pueblo a hacerse responsable de ellos.

Recordemos la parábola de la viuda que acude insistentemente al juez para pedirle que le haga justicia (Lc. 18,1-8). Su perseverancia pone ante nosotros el clamor de quienes necesitan ser escuchados y protegidos. Este es también el llamado que recibe hoy la Iglesia: reconocer a las personas que encuentran obstáculos para el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, acompañarlas y comprometerse en su defensa. Muchas gracias.